Abstract
Es probable que las vacunas contra COVID-19 sean escasas en los próximos años.
Muchos países, desde la India hasta el Reino Unido, han adoptado el nacionalismo
de las vacunas. ¿Cuáles son los límites éticos de este nacionalismo de vacunas? Ni
el nacionalismo extremo ni el cosmopolitismo extremo son éticamente
justificables. En cambio, proponemos el marco de prioridad justa para quienes
residen en un país (PJR, por sus siglas en español), en el que los gobiernos pueden
retener las dosis de la vacuna COVID-19 para quienes residen en el país solo en
la medida en que sean necesarias para mantener un nivel de mortalidad que no
sea de crisis mientras están implementando intervenciones razonables de salud
pública. En la práctica, un nivel de mortalidad sin crisis es el experimentado
durante una mala temporada de gripe, el cual la sociedad considera un riesgo de
fondo aceptable. Los gobiernos toman medidas para limitar la mortalidad por
influenza, pero no existe una emergencia que incluya confinamientos severos. Este
"estándar de riesgo de gripe" es una heurística no arbitraria y generalmente
aceptada. La mortalidad por encima del estándar de riesgo de gripe justifica
mayores intervenciones gubernamentales, incluida la retención de vacunas para
quienes residen en un país por sobre la necesidad global. El nivel preciso de
vacunación necesario para cumplir con el estándar de riesgo de influenza
dependerá de factores empíricos relacionados con la pandemia. Esto vincula los
principios éticos a los datos científicos que surgen de la emergencia. Por lo tanto,
el marco PJR reconoce que los gobiernos deben priorizar la adquisición de vacunas
para su país cuando sea necesario para reducir la mortalidad a niveles similares a
los de la gripe sin crisis. Pero después de eso, un gobierno está obligado a hacer
su parte para compartir vacunas para reducir los riesgos de mortalidad de las
personas en otros países. Consideramos y rechazamos las objeciones al marco PJR
basadas en que un país (1) haya desarrollado una vacuna, (2) haya aumentado
los impuestos para pagar la investigación y compra de vacunas, (3) quiera eliminar
las cargas económicas y sociales, y (4) sea ineficaz para combatir el COVID-19 a
través de intervenciones de salud pública.